El Ministerio de Vivienda, la DefensorÃa del Consumidor, el Centro Nacional de Registros (CNR), la FiscalÃa General de la República (FGR) y la ProcuradurÃa General de la República (PGR) firmaron este jueves un convenio de cooperación interinstitucional para la atención de problemáticas colectivas derivadas del incumplimiento de las empresas lotificadoras que no entregaron las escrituras de propiedad a miles de familias salvadoreñas.
La iniciativa tiene como fin atender y resolver un problema histórico de irregularidad en la tenencia legal de los inmuebles habitacionales en todo el paÃs, para que las personas consumidoras lotehabientes que han cancelado la totalidad del valor de los lotes adquiridos, reciban finalmente las escrituras de propiedad.
El convenio abarca a todas las lotificaciones y parcelaciones de uso habitacional, que no cuenten con los respectivos permisos o con dificultades para realizar la transferencia o inscripción de los inmuebles a favor de los lotehabientes que pagaron la totalidad del precio convenido, con el fin de que cuenten con sus tÃtulos de propiedad debidamente inscritos; asà como identificar posibles delitos penales, que permitan a la FGR proceder conforme a derecho para resguardar el interés de la población afectada.
Con este propósito será conformado un equipo de trabajo interinstitucional técnico y legal responsable del seguimiento y de las acciones que correspondan en defensa de los derechos e intereses de los grupos que se atiendan. Su actuación se fundamentará en la Ley Especial Transitoria para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional y la Ley de Protección al Consumidor, entre otros marcos legales afines a la materia.
Las entidades firmantes del convenio también se comprometen a realizar estudios técnicos y legales, informes y visitas de campo necesarias para gestionar y viabilizar una pronta y oportuna atención a las problemáticas colectivas identificadas, asà como a proporcionar información y/o documentación a requerimiento de las instituciones que forman parte del equipo interinstitucional de casos colectivos; apoyarse mutuamente en el marco de las competencias sectoriales para gestionar los trámites de regularización de lotificaciones y parcelaciones de uso habitacional, y promover iniciativas normativas o reformas legales que sean pertinentes o necesarias, para la atención integral de la problemática colectiva de lotificaciones.
Para el desarrollo y seguimiento adecuado del convenio, las entidades firmantes acuerdan nombrar a la DefensorÃa del Consumidor como administradora del convenio, que tendrá bajo su responsabilidad la implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución del mismo.
13 de enero de 2022
