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Gobierno del Presidente Nayib Bukele inspecciona a importadores y comercializadores para frenar especulación de precios en lácteos

La Defensoría del Consumidor en articulación con los ministerios de Hacienda y Agricultura, y la Policía Nacional Civil (PNC), continuó este martes por segundo día consecutivo el amplio despliegue de inspección en todo el país para determinar las causas y establecer responsabilidades en la escalada especulativa de precios en algunos productos lácteos.

De acuerdo con el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, “la utilización de cualquier maniobra o artificio para la consecución de alza injustificada de precios de alimentos, artículos de primera necesidad y de servicios básicos, es una práctica abusiva”, conforme lo establece el art. 18, literal h, de la Ley de Protección al Consumidor.

Para garantizar la seguridad alimentaria, proteger la economía de los consumidores y contrarrestar la especulación de precios en los productos lácteos, la Defensoría del Consumidor junto a delegados de la Dirección General de Impuestos Internos del ministerio de Hacienda y la PNC, están requiriendo desde el pasado lunes a importadores, distribuidores y comercializadores información sobre inventarios, lista de precios, y comprobantes de compras y ventas.

Tras el primer día de inspección, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, ha expresado que el mercado de productos lácteos se encuentra suficientemente abastecido, y advirtió que se actuará con todo el rigor de la ley en caso de comprobarse la práctica abusiva de alza injustificada de precios en los lácteos, activándose el procedimiento sancionatorio ante el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, sin perjuicio de las acciones penales que podrían dar lugar ante la Fiscalía General de la República.

Salazar anticipó que, en caso de identificarse indicios de conductas y prácticas constitutivas de delitos relativos “al mercado, la libre competencia y la protección del consumidor” como el acaparamiento y la propalación falsa, así como a “la hacienda pública” (defraudación al fisco art. 249 o evasión de impuestos art. 249-A del Código Penal), la Defensoría comunicará dichos hallazgos a la Fiscalía General de la República, para que realice las investigaciones, persiga los ilícitos y resguarde el interés de los salvadoreños.

25 de enero de 2022

Publicado el 25-01-2022.