La protección de derechos de las personas consumidoras en El Salvador tiene su base legal en la máxima norma del ordenamiento jurÃdico: la Constitución de la República, la cual establece en el Art. 101 que: “El orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del paÃs una existencia digna del ser humano (…) Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidoresâ€.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele se ha comprometido mediante el “Plan Cuscatlánâ€, a construir un “Gobierno más eficiente, más compacto, más efectivo, más ciudadano, menos polÃtico y más técnico. Un aparato estatal que elimine los cacicazgos institucionales, que saque del mapa las prioridades personales o de pequeños grupos, y que ponga más interés en las prioridades ciudadanasâ€, en este marco, las instituciones deben captar el sentir de la población, solventar sus necesidades, proyectar su rumbo a futuro y responder en tiempo real.
En este contexto, la DefensorÃa del Consumidor (DC) asume el compromiso de transformar realidades a favor de las personas consumidoras a nivel nacional, mediante la efectiva aplicación del marco legal que nos asiste.
La coherencia y articulación de las unidades de la DC se logra mediante un sistema de planificación que asegure la interdependencia y coordinación. AsÃ, el Sistema de Planificación Institucional (SPI) está conformado por tres herramientas:
El procedimiento de planificación se realiza en tres etapas:
Las Normas Técnicas de Control Interno EspecÃficas de la DefensorÃa del Consumidor (NTCIE DC) y el Reglamento de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (AFI) establecen el marco normativo para la planificación institucional.
