La protecci贸n de derechos de las personas consumidoras en El Salvador tiene su base legal en la m谩xima norma del ordenamiento jur铆dico: la Constituci贸n de la Rep煤blica, la cual establece en el Art. 101 que: 鈥淓l orden econ贸mico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del pa铆s una existencia digna del ser humano (…) Con igual finalidad, fomentar谩 los diversos sectores de la producci贸n y defender谩 el inter茅s de los consumidores鈥.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele se ha comprometido mediante el 鈥淧lan Cuscatl谩n鈥, a construir un 鈥淕obierno m谩s eficiente, m谩s compacto, m谩s efectivo, m谩s ciudadano, menos pol铆tico y m谩s t茅cnico. Un aparato estatal que elimine los cacicazgos institucionales, que saque del mapa las prioridades personales o de peque帽os grupos, y que ponga m谩s inter茅s en las prioridades ciudadanas鈥, en este marco, las instituciones deben captar el sentir de la poblaci贸n, solventar sus necesidades, proyectar su rumbo a futuro y responder en tiempo real.
En este contexto, la Defensor铆a del Consumidor (DC) asume el compromiso de transformar realidades a favor de las personas consumidoras a nivel nacional, mediante la efectiva aplicaci贸n del marco legal que nos asiste.
La coherencia y articulaci贸n de las unidades de la DC se logra mediante un sistema de planificaci贸n que asegure la interdependencia y coordinaci贸n. As铆, el Sistema de Planificaci贸n Institucional (SPI) est谩 conformado por tres herramientas:
El procedimiento de planificaci贸n se realiza en tres etapas:
Las Normas T茅cnicas de Control Interno Espec铆ficas de la Defensor铆a del Consumidor (NTCIE DC) y el Reglamento de la Ley Org谩nica de Administraci贸n Financiera del Estado (AFI) establecen el marco normativo para la planificaci贸n institucional.
