Antiguo Cuscatlán, 24 de enero de 2020. Por no entregar los carros, por los cuales, los consumidores pagaron cuantiosas sumas de dinero, la compañía de Inversiones Latinoamericanas, S.A. de C.V., (COINVERLAT, S.A. de C.V.) y Cristian Javier Pineda Reyes, que operaban la empresa “MICARRO SV”, enfrentan una denuncia colectiva activada por la Defensoría del Consumidor, en defensa de los derechos e intereses de los consumidores agraviados por el incumplimiento de contrato.
A su vez, la Defensoría del Consumidor, ha informado este viernes, lo pertinente a la Fiscalía General de la República, a fin de que se investigue el posible cometimiento del delito de estafa por parte de los citados proveedores, en perjuicio de los consumidores.
La Defensoría del Consumidor informa a la ciudadanía que los proveedores denunciados se dedicaban a la importación y venta de vehículos usados, comprados –en su mayoría– en los Estados Unidos de América, por medio de subastas, y tenían como “modus operandi”, solicitar a los consumidores anticipos de dinero en concepto de reserva del vehículo y la firma de contratos de promesa de venta.
No obstante haber ingresado al país, los vehículos jamás fueron entregados a las personas que hicieron los pagos acordados. En algunos casos, se detectó que los automotores fueron abandonados en los recintos fiscales, y luego, subastados por la Dirección General de Aduanas, siguiendo los procedimientos legales establecidos en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA).
A través de la activación de la denuncia colectiva, buscamos que Inversiones Latinoamericanas, S.A. de C.V., (COINVERLAT, S.A. de C.V.) y Cristian Javier Pineda Reyes, devuelva a los consumidores su dinero, dado el incumplimiento de contrato, de conformidad con los artículos 13 inciso tercero y 13–D, de la Ley de Protección al Consumidor (LPC).
Así mismo, a la ciudadanía recordamos que de conformidad con el art. 13, de la LPC, –el incumplimiento– “la mora del proveedor da derecho al consumidor a renunciar a que se le entregue el bien o se le preste el servicio, debiendo el proveedor reintegrar lo pagado e indemnizar al consumidor…”. La negativa a revertir los pagos a favor del consumidor, constituye infracción muy grave a la ley, sancionada con multa hasta de 500 salarios mínimos mensuales urbanos en la industria (Art. 44, literal k, de la LPC).
LLAMADO A CONSUMIDORES AFECTADOS
La Defensoría del Consumidor, hace un llamado a las personas consumidoras afectadas por este proveedor, para que se sumen a la denuncia colectiva y asistan a una reunión informativa a realizarse este martes 28 de enero, a las 08:30 de la mañana, en nuestro Centro de Solución de Controversias, ubicado en edificio IPSFA, sexto nivel, alameda Roosevelt y 55 Av. Norte, San Salvador. Para mayor información y asesoría, disponemos del #Teléfono910 o Whatsapp 7860-97-04.
Los consumidores que no puedan asistir a la primera reunión, tendrán hasta el viernes 31 de enero para acudir a cualquiera de las sedes de la Defensoría del Consumidor, para adherirse a la denuncia colectiva, presentando los documentos que demuestren la relación contractual, los comprobantes de las cantidades pagadas a los proveedores, y el documento de identidad del o los firmantes del contrato.
¿QUÉ HACER ANTES DE ADQUIRIR UN VEHÍCULO USADO?
Si planeas adquirir un vehículo a través de intermediarios (importadores) sigue estas recomendaciones:
