La Defensoría del Consumidor clausuró este lunes un nuevo curso virtual impartido a diecinueve instituciones gubernamentales, con el cual iniciaron la formulación de nuevas Cartas de Derechos de Consumidores y Usuarios de Servicios Públicos, en el marco de la articulación de esfuerzos del Sistema Nacional de Protección al Consumidor (SNPC) para garantizar calidad y calidez en la atención a la población usuaria.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, informó que las cartas de derechos constituyen un instrumento que guía a las instituciones para mejorar la atención y los servicios públicos, asumir con mayor compromiso la gestión de la calidad en su prestación, así como los derechos y obligaciones que les asisten a las personas consumidoras y usuarias de los servicios públicos que cada una de las instituciones brinda a la población.
Salazar dijo que la eficiencia y eficacia en el servicio público transforma realidades y genera mayor bienestar en la población, al tiempo que reconoció la participación de las diecinueve instituciones que emprenderán de forma articulada, y con asistencia técnica de la Defensoría del Consumidor, la formulación, actualización y difusión de las Cartas de Derechos de los consumidores y Usuarios de Servicios Públicos, tras la finalización del curso virtual.
Las Cartas de Derechos expresan el compromiso gubernamental con la ciudadanía para crear una nueva y moderna institucionalidad, cercana, efectiva y eficiente; y brindar servicios públicos de calidad y con la calidez que merece la población usuaria, recalcó Salazar. Agregó que en la actualidad 29 instituciones públicas poseen sus Cartas de Derecho, y proyecta que al cierre de 2021 un total de 47 entidades habrán completado dicho proceso.
A través de este documento declarativo la población tiene mayor claridad sobre sus derechos y deberes al solicitar servicios en las instituciones de gobierno, con lo cual se fomentará la participación ciudadana en la gestión y contraloría social del servicio público.
La Defensoría tiene entre sus competencias, “promover que las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos elaboren Cartas de Derechos de los Usuarios y las den a conocer a éstos” para coadyuvar a la promoción de los derechos fundamentales de las personas consumidoras y usuarias de servicios públicos, fomentando a su vez la dignidad humana de forma que las actuaciones administrativas armonicen criterios de objetividad, imparcialidad, justicia y equidad, y sean prestadas en plazo razonable, según el art. 58 literal q, de la Ley de Protección al Consumidor.
25 de octubre de 2021