El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través de la DefensorÃa del Consumidor (DC), intensificó este jueves las investigaciones administrativas en toda la cadena de suministro de granos básicos, con el fin de prevenir alzas injustificadas en los precios del maÃz y frijol, arroz, trigo y harina de maÃz.
Los operativos de verificación in situ se ejecutan de manera simultánea con requerimientos de información formal a las empresas importadoras, distribuidoras y comercializadoras de alimentos. Las compañÃas deben entregar datos detallados sobre sus inventarios, volúmenes de importación, compras locales, ventas y precios finales de maÃz, frijol, arroz, trigo y harina de maÃz.
El presidente de la DefensorÃa del Consumidor, Ricardo Salazar, quien lideró las inspecciones en la zona industrial del Puerto de Acajutla, explicó que este despliegue busca documentar con rigor el comportamiento de los mercados y proteger el bolsillo de la población ante cualquier intento de especulación.
“Nuestra prioridad es verificar la estructura de costos de las empresas importadoras para evitar abusos y garantizar la estabilidad en la alimentación de los salvadoreños”, declaró Salazar.
El funcionario advirtió que la Ley de Protección al Consumidor (LPC) sanciona con rigor tanto el abuso de mercado como la falta de cooperación de los proveedores. El acaparamiento de alimentos y el incremento injustificado de precios son catalogados como prácticas abusivas (artÃculo 18, literal h), mientras que la obligación de entregar la información requerida por la institución es un deber legal de los proveedores (artÃculo 7, literal h).
Incurrir en estas conductas, asà como negarse a entregar la información, enviarla fuera del plazo establecido, o presentarla de forma inexacta o con cumplimiento parcial, constituye una infracción muy grave (artÃculo 44, literales e, f, y el numeral 4). Estas acciones son sancionadas con multas que pueden alcanzar los 500 salarios mÃnimos, según la normativa vigente.
La DefensorÃa del Consumidor advirtió que actuará con firmeza de comprobarse prácticas abusivas. En caso de detectarse ilÃcitos que afecten la economÃa familiar, la DefensorÃa remitirá los expedientes a la FiscalÃa General de la República (FGR) para iniciar las acciones penales correspondientes.
Asimismo, la institución hizo un llamado al sector privado a mantener prácticas comerciales respetuosas y transparentes hacia las personas consumidoras, apegándose estrictamente al cumplimiento de la ley.
Finalmente, exhortó a la población a denunciar cualquier incremento sospechoso en el precio de los alimentos básicos a través del teléfono de asistencia 910 o el número de WhatsApp 7844-1482.
03 de septiembre de 2026
