El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través de la Defensoría del Consumidor en articulación con la Policía Nacional Civil redobló este miércoles el plan de inspecciones en el sector de alimentos, principalmente granos básicos y productos de la canasta básica, con el cual busca apuntalar la efectividad de las medidas de alivio ante la inflación mundial y garantizar a la población precios justos y acceso a los productos de la canasta básica.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, quien acompaña a los equipos de inspección verificó los precios y el suministro de granos básicos en las principales tiendas mayoristas y transportistas que comercializan granos básicos, en la calle Gerardo Barrios y sus alrededores, en el centro de San Salvador. Estos operativos se realizan de forma simultánea a nivel nacional.
Al entrar al sexto mes de la implementación de las medidas ante la inflación, Salazar hizo un balance del despliegue de la Defensoría del Consumidor en los últimos cinco meses, destacando la realización de más de 103 mil verificaciones para monitorear su cumplimiento, a través de la estabilidad de precios y el abastecimiento de productos en los mercados de alimentos, fertilizantes e insumos agrícolas, así como de los combustibles y gas licuado de petróleo, actualmente con precios fijados y subsidiados para beneficiar el bolsillo de la población.
Salazar reiteró el llamado a los salvadoreños a denunciar ante la Defensoría del Consumidor cualquier abuso e incremento abrupto de precios, a través del teléfono 910, el WhatsApp 7844-1482 o la aplicación web «Ponele el dedo al especulador», disponible en www.defensoria.gob.sv.
La Defensoría del Consumidor investiga a 262 agentes económicos que comercializan productos lácteos, granos básicos y harinas de maíz y trigo, entre otros productos esenciales, por incremento abrupto de precios, cuyos expendientes serán remitidos al Tribunal Sancionador para que resuelva lo que corresponda de conformidad con el debido proceso y las pruebas aportadas por los equipos de inspección y auditoría. Este Tribunal, ya ha admitido 35 de las primeras 47 denuncias, no solo por incrementos injustificados sino por obstaculizar las labores de investigación de la Defensoría.
La práctica abusiva de incrementar injustificadamente precios o acaparar productos esenciales, constituye una infracción muy grave a la Ley de Protección al Consumidor, sancionada con multa hasta de 500 salarios mínimos, de conformidad con los arts. 18, literal h, y 44, literal e; sin perjuicio de la acción penal que podrá activarse en articulación con la Fiscalía General de la República (FGR), por delitos relativos «al mercado, la libre competencia y la protección del consumidor» en relación con el acaparamiento, agiotaje y la propalación falsa, según los arts. 233, 236 y 237 del Código Penal.
17 de agosto de 2022
