El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través de la DefensorÃa del Consumidor (DC) inició este lunes nuevas acciones operativas que comprende sendos requerimientos de información en los principales eslabones de la cadena de suministro de alimentos.
El Presidente Nayib Bukele ha exigido a los importadores, distribuidores, comercializadores y mayoristas de alimentos que «paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después», en clara alusión al incremento injustificado de precios en algunos alimentos de la canasta básica.
El presidente de la DefensorÃa del Consumidor, Ricardo Salazar, informó que uno de estos eslabones está constituida por las cadenas de supermercados Walmart, Despensa de Don Juan, Maxidespensa, Despensa Familiar, Súper Selectos y PriceSmart, a las cuales les ha sido requerida información relativa a los volúmenes de importación, compras locales, inventarios, ventas y precios al consumidor, del guisquil, tomate cocina y de ensalada, zanahoria, papa, remolacha cruda, repollo verde, chiles pimientos, cebolla amarilla y blanca, chile verde, lechuga repollada y mandarinas, asà como leches, carne de pollo y aceites, entre otros productos alimenticios.
De acuerdo con la DefensorÃa del Consumidor, los requerimientos son ejecutados, en la primera fase, en las cadenas de supermercados que operan en el paÃs para reforzar el despliegue de inspección que la entidad mantiene desde la semana pasada en los territorios, con el fin de combatir la especulación y evitar el acaparamiento de productos de la canasta básica alimentaria.
El presidente de la DefensorÃa del Consumidor, Ricardo Salazar, ha expresado que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, otorga máxima prioridad a la protección de los derechos e intereseses de la población ante la escalada especulativa en los precios de algunos productos de la canasta básica como las verduras, hortalizas y frutas.
Salazar reveló que se ha diseñado esta nueva etapa para documentar y redoblar las inspecciones y la verificación de precios por el tiempo que sea necesario, para resguardar la capacidad adquisitiva y los derechos de las personas consumidoras. Progresivamente se estará avanzando hacia los otros eslabones de la cadena de suministro de alimentos y productos esenciales.
En el mismo orden, Salazar reiteró que siguiendo el debido proceso, la DefensorÃa del Consumidor ha documentado más de 60 casos en los que se identificó incremento injustificado de precios en algunos productos de la canasta básica y se obstaculizaron las funciones de información, vigilancia e inspección o que se negaron a suministrar datos e información requerida durante las investigaciones, los cuales serán denunciados en las próximas horas ante el Tribunal Sancionador. Nueve de los 62 casos corresponden a los hallazgos detectados durante las primeras inspecciones encubiertas de este fin de semana.
En defensa de los intereses de la ciudadanÃa, en ambos casos, estos proveedores se exponen a multas hasta de 500 salarios mÃnimos mensuales en la industria, por posibles infracciones muy graves al art. 44, literal f, en relación con el art. 7, literal h; y, art. 18, literal h, en relación con el art. 44, literal e, de la Ley de Protección al Consumidor (LPC).
El  Gobierno a través de la DefensorÃa actuará con firmeza en caso de comprobarse incremento injustificado de precios o restricción de venta en cualquier establecimiento de productos esenciales y de la canasta básica.
Por lo anterior, el presidente de la DefensorÃa del Consumidor también hizo un llamado a la población para que coopere con el combate a la especulación. «Toda información es muy importante y la pueden suministrar a través de la aplicación “Ponele el dedo al especuladorâ€Â», disponible en el sitio web https://enlinea.defensoria.gob.sv/poneleeldedoalespeculador, animó Ricardo Salazar.
Para ejercer sus derechos ante cualquier abuso y denunciar a los especuladores, los consumidores también cuentan con el teléfono 910 y el WhatsApp 7844-1482.
La DefensorÃa del Consumidor (DC) reitera que, en caso de detectarse prácticas abusivas que lesionen la economÃa familiar se activarán los procedimientos administrativos ante el Tribunal Sancionador, sin perjuicio de la acción penal, en articulación con la FiscalÃa General de la República (FGR), para que investigue y persiga de oficio las conductas y prácticas que pudieran constituir delitos relativos “al mercado, la libre competencia y la protección del consumidor†como el agiotaje o la propalación falsa, según los arts. 236 y 237 del Código Penal.
8 de julio de 2024
