La Defensoría del Consumidor (DC) ha redoblado su despliegue en el territorio ampliando los operativos de inspección para estabilizar los precios y garantizar el abastecimiento de productos esenciales de la canasta básica alimentaria.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, expresó que este despliegue comprende requerimientos de información sobre volúmenes de importación, compras, ventas y precios al consumidor, de acuerdo con la naturaleza de los proveedores que forman parte de las investigaciones en los diferentes eslabones de la cadena de suministro.
“La institución se mantiene recopilando y haciendo los requerimientos de información que le mandata la ley para prevenir e identificar prácticas abusivas como la utilización de cualquier maniobra o artificio para incrementar injustificadamente los precios de los alimentos”, enfatizó el presidente de la Defensoría del Consumidor.
La Defensoría del Consumidor (DC) ha realizado hasta el momento un total de 2,513 verificaciones en supermercados, tiendas mayoristas, puestos de mercado y comercios de lácteos, harinas y granos básicos, entre otros eslabones de la cadena de suministro como importadores, distribuidores y transportistas.
Como parte de las investigaciones se han efectuado 89 inspecciones con requerimientos de información a diferentes comerciantes por posible incremento injustificado de precios detectado durante los procedimientos, que los proveedores deberán responder en forma y tiempo.
Estos operativos también tienen lugar en los principales centros de abasto donde se concentra buena parte del comercio mayorista de verduras, hortalizas, frutas y granos básicos, tanto en el área metropolitana de San Salvador como en Santa Ana y San Miguel, que tienen algún grado de influencia en el comportamiento de los mercados a nivel nacional.
Por otra parte, la Defensoría del Consumidor informa que el Tribunal Sancionador impuso $ 318,273.53 en multas a ochenta y ocho proveedores en los diferentes eslabones de la cadena de suministro de productos de la canasta básica, fertilizantes e insumos agrícolas, tras comprobar que obstaculizaron las labores de inspección de la institución, que investiga la práctica abusiva de incrementos injustificados de precios.
Entre los proveedores multados se encuentran supermercados, distribuidoras de productos alimenticios y bebidas, comercializadores de granos básicos, tiendas mayoristas, ventas de lácteos, agroservicios, agroveterinarias, así como importadores, productores, comercializadores y puntos de venta final, entre otros.
La Defensoría del Consumidor llama al sector privado a adoptar prácticas comerciales respetuosas hacia los consumidores, erradicar prácticas ilegales, poco éticas, discriminatorias o engañosas, y apegarse al cumplimiento de la ley y contribuir a un mejor funcionamiento y transparencia en los mercados de bienes y servicios.
Al mismo tiempo, exhorta a la ciudadanía a ejercer su derecho a la denuncia para que en caso de detectar incrementos injustificados en los precios de los alimentos procedan a notificarla a través del teléfono 910 o el WhatsApp 7844-1482.
La Defensoría del Consumidor (DC) reitera que, en caso de detectarse prácticas abusivas que lesionen la economía familiar se activarán los procedimientos administrativos ante el Tribunal Sancionador, sin perjuicio de la acción penal, en articulación con la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue y persiga de oficio las conductas y prácticas que pudieran constituir delitos relativos “al mercado, la libre competencia y la protección del consumidor” como el agiotaje o la propalación falsa, según los arts. 236 y 237 del Código Penal.
02 de julio de 2024