Antiguo Cuscatlán, 26 de septiembre de 2019. La DefensorÃa del Consumidor hace del conocimiento público que, en su calidad de institución del Gobierno de la República de El Salvador competente para ejercer la tutela de los derechos e intereses de los consumidores, interpuso este jueves, un recurso de reposición ante la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), contra las resoluciones CRIE-112-2018 y CRIE-39-2019. La presentación de este recurso se realizó de conformidad con el numeral 1.11 del libro IV del Reglamento del Mercado Eléctrico Regional (RMER).
AsÃ, el recurso de reposición tiene por finalidad solicitar la impugnación de ambas resoluciones en tanto han generado una afectación económica y patrimonial a los usuarios finales de la energÃa eléctrica en nuestro paÃs, quienes deberán cancelar más de $3.5 millones en concepto de Costos Asociados a Restricciones Nacionales (CARN), con base en los resultados para el primer perÃodo de aplicación, del 24 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019, que serÃa trasladado y reflejado en la facturación en perjuicio de las familias salvadoreñas.
Al respecto, es relevante destacar que, en septiembre de 2018 y en marzo de 2019, la DefensorÃa del Consumidor participó en las consultas públicas que dieron origen a las resoluciones mencionadas, presentando argumentos técnicos y legales que sustentaron nuestra oposición a las disposiciones que estaban en consulta, ya que una distorsión técnica y regulatoria del mercado regional de electricidad terminarÃa por trasladarse como un costo para los usuarios finales, especialmente a los de nuestro paÃs. No obstante a nuestra oposición en defensa de los consumidores, dichas resoluciones fueron aprobadas.
Con la presentación de este recurso, la DefensorÃa del Consumidor emprende una batalla legal por la defensa de los intereses económicos de nuestros consumidores usuarios de energÃa eléctrica. Al mismo tiempo, informa que ha articulado un equipo interinstitucional de trabajo con el Consejo Nacional de EnergÃa (CNE), la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y otras instituciones del sector para acompañar y revertir dicho cargo. La institucionalidad de nuestro gobierno está en acción y vigilante para resguardar los derechos e intereses de los consumidores salvadoreños.
