San Salvador, 28 de agosto de 2019. En un acto público celebrado este miércoles ante sectores sociales, gremiales, organismos multilaterales y de cooperación, diecisiete instituciones de gobierno del presidente Nayib Bukele, asumieron el compromiso institucional de las Cartas de Derechos para Consumidores y Usuarios de servicios públicos.
Las Cartas de Derechos son condiciones básicas que los consumidores y usuarios deben tener al hacer uso de los servicios públicos en las instituciones de gobierno, expresó Ricardo Salazar, minutos antes de hacer entrega de la “GuÃa Básica para la Elaboración e Implementación de Cartas de Derechos de Consumidores y Usuariosâ€.
Estas instituciones emprenderán de forma articulada, y con asistencia técnica de la DefensorÃa del Consumidor, la formulación, actualización y difusión de las Cartas de Derechos de los consumidores y usuarios, en las entidades públicas que prestan servicios, agregó Salazar.
Las Cartas de Derechos expresan el compromiso gubernamental con la ciudadanÃa para crear una nueva y moderna institucionalidad, cercana, efectiva y eficiente. Es también una apuesta para brindar servicios públicos de calidad y con la calidez que merece la población usuaria.
A través de este documento declarativo los consumidores y usuarios de los servicios públicos, tendrán mayor claridad de sus derechos y deberes al solicitar servicios en las instituciones de gobierno, con lo cual se fomentará la participación ciudadana en la gestión y contralorÃa social del servicio público.
Las instituciones que han recibido la guÃa básica para las Cartas de Derechos, en el marco de la articulación de esfuerzos del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, están agrupadas en los siguientes sectores:
La DefensorÃa del Consumidor tiene entre sus competencias, “promover que las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos elaboren Cartas de Derechos de los Usuarios y las den a conocer a éstos†para coadyuvar a la promoción de los derechos fundamentales de las personas consumidoras y usuarios de servicios públicos, fomentando a su vez la dignidad humana de forma que las actuaciones administrativas armonicen criterios de objetividad, imparcialidad, justicia y equidad, y sean prestadas en plazo razonable. (Art. 58 literal q) de la Ley de Protección al Consumidor.
