El Gobierno del presidente Nayib Bukele, a través de la DefensorÃa del Consumidor y el Ministerio de Agricultura y GanaderÃa, redobló este miércoles las inspecciones en el sector de granos básicos, especialmente en la comercialización de maÃz, con el objetivo de garantizar precios justos, asegurar el acceso de la población a este producto y prevenir prácticas abusivas en perjuicio de los salvadoreños.
El presidente de la DefensorÃa del Consumidor, Ricardo Salazar, quien acompañó a los equipos de inspección, verificó los precios y el suministro de maÃz en principales tiendas mayoristas y transportistas comercializadores, ubicados en la calle Gerardo Barrios y sus alrededores, en el centro de San Salvador. Estos operativos se realizan de forma simultánea a nivel nacional.
Salazar informó que se han realizado 25 requerimientos de información a empresas importadoras, almacenadoras, comercializadoras y tiendas mayoristas sobre inventarios, volúmenes de importación, compras nacionales, ventas y precios al consumidor, entre otros datos. Asimismo, llamó a la población a denunciar ante la DefensorÃa del Consumidor cualquier abuso o incremento abrupto de precios, a través del teléfono 910, el WhatsApp 7844-1482 o la aplicación web «Ponele el dedo al especulador», disponible en www.defensoria.gob.sv.
Asimismo, animó al sector privado a adoptar prácticas comerciales respetuosas con los consumidores, erradicar conductas ilegales, discriminatorias o engañosas, y cumplir la ley, contribuyendo asà a un mejor funcionamiento y mayor transparencia en el mercado de granos básicos.
La DefensorÃa del Consumidor investiga a agentes económicos que comercializan maÃz por incrementos abruptos de precios, cuyos hallazgos de posibles incumplimientos a la Ley de Protección al Consumidor (LPC) serán remitidos al Tribunal Sancionador para que resuelva lo que corresponda, de conformidad con el debido proceso y con base en las pruebas aportadas por los equipos de inspección y las auditorÃas.
La práctica abusiva de incrementar injustificadamente los precios o acaparar alimentos o productos de primera necesitad constituye una infracción muy grave a la LPC, sancionada con multa de hasta 500 salarios mÃnimos, de conformidad con los arts. 18, literal h, y 44, literal e.
Sin perjuicio del procedimiento administrativo, estas conductas también pueden dar lugar a acciones penales en articulación con la FiscalÃa General de la República (FGR), por delitos relativos al mercado, la libre competencia y la protección del consumidor, vinculados con el acaparamiento, el agiotaje y la propalación falsa, según lo establecido en los artÃculos 233, 236 y 237 del Código Penal.
11 de marzo de 2026
