La DefensorÃa del Consumidor (DC) activó este viernes un nuevo operativo a nivel nacional para verificar los precios de insumos para el transporte de pasajeros y de carga pesada, dirigido a importadores, distribuidores y comercializadores del paÃs, a fin de prevenir prácticas abusivas como los incrementos injustificados de precios y fortalecer la protección y seguridad vial de los consumidores.
Este esfuerzo, coordinado de manera estratégica con los controles de seguridad vial del Viceministerio de Transporte (VMT), tiene como prioridad salvaguardar la economÃa de las familias salvadoreñas y garantizar condiciones transparentes de mercado, informó el presidente de la DefensorÃa del Consumidor, Ricardo Salazar.
Salazar subrayó que «esta acción fiscalizadora se enfoca estrictamente en auditar a importadores, distribuidores y comercializadores de llantas, fricciones, focos, cintas reflectivas, conos y extintores». Asimismo, detallo que «nuestros equipos están desplegados en los principales comercios del paÃs entregando requerimientos formales de información sobre precios de adquisición y venta a los consumidores finales, inventarios e importaciones para garantizar que se cumpla la ley y no se den abusos que atenten contra el bolsillo de la población, particulamente del sector transporte».
Durante estos procedimientos, los equipos de inspección de la DefensorÃa del Consumidor exigen a dichos agentes económicos información contable y comercial detallada para constatar el comportamiento de los inventarios, los precios de venta aplicados, el historial de importaciones y las garantÃas.
Ante cualquier indicio de incremento injustificado de precios, el hallazgo de incumplimiento a la la Ley de Protección al Consumidor (LPC) será remitido al Tribunal Sancionador, conforme a los artÃculos 18, literal h), y 44, literal e).
La obstaculización de las labores de inspección de la DefensorÃa, asà como la especulación, el acaparamiento y el incremento injustificado de precios, constituyen infracciones muy graves a la LPC, las cuales son sancionadas con multas de hasta 500 salarios mÃnimos.
De detectarse prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores, la institución activará los procedimientos administrativos correspondientes, sin perjuicio de las acciones penales a través de la FiscalÃa General de la República (FGR). Esto permitirá investigar y perseguir de oficio posibles delitos contra el mercado, la libre competencia y la protección de los consumidores, como el acaparamiento, la venta a precio superior, el agiotaje o la propalación falsa, conforme a los artÃculos 233, 234, 236 y 237 del Código Penal.
La DefensorÃa del Consumidor también instó a la ciudadanÃa a ejercer su derecho a denunciar cualquier práctica abusiva a través del WhatsApp 7844-1482 y el teléfono 910.
                                                                                                            06 de noviembre de 2026
