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Gobierno recupera más de $57,6 millones para consumidores y aplica más de $3,6 millones en multas en 2025

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través de la Defensoría del Consumidor (DC), recuperó $57,659,921.33 a favor de 329,491 salvadoreños durante el año que está por finalizar, como resultado de las acciones de protección y restitución de derechos a los consumidores.

La Defensoría del Consumidor atribuye este avance a la implementación de una estrategia innovadora que ha fortalecido los mecanismos de protección a las personas consumidoras y modernizado la gestión de denuncias. En esa línea, el presidente de la institución, Ricardo Salazar, explicó que esta innovación “transforma denuncias individuales en procesos de atención colectiva, un modelo que, por segundo año consecutivo, ha permitido garantizar de forma significativa la recuperación económica de los consumidoresâ€. Añadió que el monto recuperado supera en $17.4 millones, equivalente a un incremento del 43 %, lo obtenido en 2024.

Un caso concreto de la aplicación de este mecanismo se registró en el sector de telecomunicaciones, donde un operador reintegró más de $1.5 millones a los usuarios por cobros indebidos derivados de incrementos injustificados en la facturación.

Protección económica a las personas consumidoras

De los $57.6 millones recuperados, $56.9 millones fueron restituidos a favor de 329,491 salvadoreños, como resultado de casos colectivos e individuales resueltos mediante mecanismos alternos de solución de controversias. Del monto total, $724,520.36 corresponden a resoluciones del Tribunal Sancionador y $23,950.11 a casos de representación judicial.

Asimismo, el 76 % del total recuperado —$43.0 millones— provino de casos colectivos, que beneficiaron a 313,458 consumidores.

El 97 % del monto recuperado se registra en cinco sectores:

  • Inmuebles: $41.94 millones (18,120 beneficiarios)
  • Servicios financieros: $9.1 millones (10,397 beneficiarios)
  • Telecomunicaciones: $1.6 millones (291,815 beneficiarios)
  • Turismo: $1.3 millones (459 beneficiarios)
  • Vehículos: $1.1 milones (441 beneficiarios)

El 98 % del monto recuperado responde a cinco motivos principales:

  • Incumplimiento de contrato y oferta: $46.9 millones (22,184 beneficiarios)
  • Cobros, cargos y comisiones indebidas: $5.9 millones (304,338 beneficiarios)
  • Derecho de retracto y desistimiento de compra: $1.3 millones (754 beneficiarios)
  • Incumplimiento de garantía: $1.2 millones (789 beneficiarios)
  • Mala calidad de producto o servicio: $346 mil (302 beneficiarios)

Atenciones a las personas consumidoras

Durante el año, 112,940 salvadoreños recibieron servicios de asesoría y gestión de denuncias. De ese total, 89,155 correspondieron a asesorías y 22,192 a denuncias formales. Adicionalmente, se brindó acompañamiento por casos de sobreendeudamiento a 1,593 consumidores financieros.

Las atenciones se concentraron en cinco sectores que acumulan el 81 % del total:

  • Servicios financieros: 48,765 (43 %)
  • Servicios: 22,099 (20 %)
  • Telecomunicaciones: 10,803 (10 %)
  • Electrodomésticos y artículos del hogar: 6,855 (6 %)
  • Energía eléctrica: 3,400 (3 %)

En cuanto a los motivos de consulta, el 88 % corresponde a:

  • Cobros y comisiones indebidas: 41,127 (36 %)
  • Incumplimiento de contrato u oferta: 31,552 (28 %)
  • Sobreendeudamiento (Plan de Pagos): 13,857 (12 %)
  • Mala calidad de productos o servicios: 8,301 (6 %)
  • Incumplimiento de garantías: 4,628 (4 %)

Finalmente, el 67 % de las atenciones se brindó a través de canales no presenciales (76,226 personas), mientras que el 33 % se atendió de forma presencial (36,714 usuarios).

Imposición de sanciones a proveedores infractores 

El Tribunal Sancionador emitió 563 resoluciones con multas por infracciones a la Ley de Protección al Consumidor (92 %), la Ley contra la Usura (7 %) y la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito (1 %).

Las multas impuestas sumaron $3,681,161.08 millones, además de $724,520.36 en devoluciones ordenadas a favor de 165 consumidores.

Un 80 % de las multas se concentró en cuatro sectores:

  • Turismo: $1.42 millones en 14 resoluciones sancionatorias.
  • Servicios financieros: $643,952.60 en 143 resoluciones sancionatorias
  • Alimentos: $567,917.50 en 99 en resoluciones sancionatorias.
  • Artículos del hogar: $299,845 en 14 resoluciones sancionatorias.

Asimismo, el 83 % de las sanciones se originó en cuatro incumplimientos principales:

  • Negarse a devolver el dinero cuando el consumidor ejerció su derecho de desistimiento o retracto: 15 resoluciones, $1.66 millones.
  • No entregar bienes o servicios en los términos contratados: 125 resoluciones por $649,300.
  • Obstaculizar funciones de la DC: 78 resoluciones, $348,900.
  • Omitir información crediticia al Banco Central de Reserva: 119 resoluciones, $225,400.

Vigilancia y transparencia de mercados

Las acciones de vigilancia de mercado desarrolladas en los distintos mercados de bienes y servicios del país incluyen inspecciones y verificaciones, así como sondeos de precios, requerimientos de información, auditorías, entre otras actuaciones.

Monitoreo de precios y difusión de información

Se realizaron 1,668 sondeos de precios en 17,275 establecimientos, mediante los cuales se recopilaron 510,266 precios de frutas, verduras, granos básicos, lácteos, carnes, embutidos, huevos, harinas e insumos agrícolas, así como de medicamentos de venta libre, muebles y electrodomésticos, entre otros productos.

Inspecciones de protección al consumidor

En paralelo, se realizaron 5,024 inspecciones para verificar el cumplimiento de la normativa de protección al consumidor (LPC, LSTC, LCU y LRHCP). Como resultado, el 82.92 % de los establecimientos inspeccionados (4,166) cumplió con las disposiciones verificadas, mientras que el 17.08 % registró incumplimientos, entre los que destacan los siguientes:

  • Falta de información sobre mecanismos de reclamos (406 hallazgos).
  • Producto vencido (244 hallazgos). 
  • No cuenta con registro de garantías ni políticas escritas (68 hallazgos).
  • Producto sin precio a la vista (55 hallazgos).
  • Cobros indebidos (51 hallazgos).
  • Falta de información en promociones y ofertas (45 hallazgos).

En resumen, se registraron 1006 hallazgos de incumplimiento en 858 inspecciones (17.07 %), lo que dio lugar a la activación de los procedimientos administrativos ante el Tribunal Sancionador, resolverá lo que corresponde, conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor.

Dentro de este conjunto, 244 inspecciones permitieron identificar 4,002 productos vencidos, los cuales, como medida cautelar para proteger la salud y seguridad de las personas consumidoras, fueron destruidos de inmediato; en todos los casos se activaron los procedimientos administrativos ante el Tribunal Sancionador por infracciones muy graves a la Ley de Protección al Consumidor, sancionables con multas de hasta 500 salarios mínimos.

Cabe destacar que en 2025 delegados encubiertos de la Defensoría realizaron 291 inspecciones; en el 78 % de los casos se verificó cumplimiento de la normativa, mientras que el 22 % registró hallazgos derivados al Tribunal Sancionador, confirmando la eficacia de esta modalidad para proteger los derechos de las personas consumidoras.

Verificación técnica de alimentos preempacados

Se ejecutaron 278 planes de verificación de normas y reglamentos técnicos aplicables a alimentos preempacados. Los resultados mostraron que:

  • El 75.12 % (1,262) registró cumplimiento de la normativa.
  • El 22.14 % (372) presentó algún tipo de incumplimiento.
  • El 2.74 % (46) no declaró información en la etiqueta.

Auditorías detectan cobros indebidos y aumentos injustificados de precios

La Defensoría del Consumidor realizó nueve auditorías en distintos sectores, destacando la revisión a un proveedor de servicios financieros que otorgó 78,031 créditos para la compra de teléfonos celulares. La investigación apunta a posibles cobros indebidos, al aplicar una tasa de interés superior a la permitida por la Ley contra la Usura (LCU), así como al cobro de comisiones que no corresponden a un servicio adicional y a la inclusión de cláusulas abusivas, en contravención a la Ley de Protección al Consumidor (arts. 12-A y 17).

Asimismo, se auditaron ocho proveedores de alimentos, identificándose incrementos injustificados en los precios de lácteos, leche en polvo, café instantáneo, huevos y granos básicos, además de obstaculización de las investigaciones de la Defensoría.

En todos los casos se activaron los procedimientos administrativos ante el Tribunal Sancionador, al tratarse de posibles infracciones muy graves a la Ley de Protección al Consumidor y Ley contra la Usura.

Programa de cumplimiento y buenas prácticas

Durante este año, el fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos de las personas consumidoras avanzó con la adhesión de 690 proveedores a los programas de cumplimiento, así como con el registro de 2,228 plataformas de comercio electrónico, promovidos por la Defensoría del Consumidor.

Del total de proveedores:

  • 515 se sumaron al programa “Aquí se respeta a los consumidoresâ€.
  • 110 adoptaron el Manual de Buenas Prácticas para la protección de los intereses de las personas consumidoras en sus relaciones con los proveedores.
  • 65 obtuvieron el Sello de Garantía para Proveedores en Comercio Electrónico, una herramienta que fortalece la confianza en las transacciones digitales.

Educación al consumidor

En materia formativa, 32,697 salvadoreños recibieron capacitación en derechos del consumidor a través de 618 acciones educativas dirigidas a consumidores, asociaciones y proveedores.

La Defensoría del Consumidor también fortaleció la formación del sector empresarial, ofreciendo contenidos especializados en protección al consumidor para promover buenas prácticas y garantizar un mayor respeto a los derechos de la población.

18 de diciembre de 2025

Publicado el 18-12-2025.